La jueza Marta Pascual fundamentó su decisión de suspender la ley penal juvenil en el principio precautorio de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, buscando prevenir la vulneración grave de sus derechos.
La medida fue duramente criticada por el gobierno, especialmente por Patricia Bullrich, quien la acusó de alinearse con Axel Kicillof y defender a los delincuentes. Bullrich recordó su rol como impulsora de la ley penal juvenil y cuestionó la postura garantista de la justicia provincial.
La jueza Pascual, con una trayectoria en el peronismo, ha sido vinculada a foros cercanos al gobierno y al ministro de Seguridad provincial, lo que genera controversia sobre su fallo.