La jueza Pascual, defensora de la justicia restaurativa y los derechos humanos, suspendió la aplicación de la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires argumentando la falta de recursos para su implementación.
La jueza sostiene que el sistema actual no está preparado para albergar a jóvenes infractores, lo que podría generar delincuentes profesionales y un daño mayor a la sociedad. Advierte sobre la imposibilidad de alojar a menores en comisarías y la inexistencia de institutos adecuados.
Se cuestiona la falta de presupuesto y la ausencia de un plan integral para la aplicación de la ley, generando un debate sobre si la medida debe ser para toda la provincia o solo para Lomas de Zamora.