Se cuestiona la decisión de la jueza Marta Pascual de frenar la ley de imputabilidad, argumentando que no existen los recursos ni lugares adecuados para su correcta implementación. Se plantea que la jueza no está en desacuerdo con la ley en sí, sino con las condiciones para aplicarla.
Se debate si la jueza debería haber participado en la discusión de la ley en el Congreso. Se resalta que la ley fue aprobada tras un proceso de discusión en comisiones, y se cuestiona la falta de escucha a la sociedad civil. Se enfatiza que la falta de lugares para alojar menores y la ausencia de un plan de resocialización son los principales argumentos de la jueza.