La jueza María Laura Pascual congeló la aplicación de la ley de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires, argumentando que el sistema actual no está preparado para alojar a los menores infractores.
La jueza citó a funcionarios del gobierno provincial para una audiencia el próximo miércoles, donde deberán exponer el plan de ejecución de la ley y los lugares de alojamiento para menores detenidos. La ley preveía 180 días para adecuar la infraestructura, pero la jueza considera que no se ha avanzado.
Existe la posibilidad de que el gobierno provincial no apele la decisión de la jueza, lo que podría generar un uso político de la situación contra el gobierno nacional, impulsor de la ley.