La jueza Marta Pascual suspendió la aplicación de la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, argumentando la falta de recursos y condiciones para su implementación.
Se destaca la coherencia de la jueza al señalar las falencias del sistema judicial y la ineficacia de meter a jóvenes de 14 años en comisarías sin recursos ni programas de reinserción, lo que agravaría el problema.
El fallo generó controversia y un cruce entre la Nación y la Provincia, evidenciando la complejidad del debate sobre la edad de imputabilidad y la necesidad de abordar las causas profundas de la delincuencia juvenil.