Una jueza de Lomas de Zamora ha suspendido la aplicación de la ley penal juvenil por un período de 60 días, generando controversia y debate.
La magistrada, cuya postura ideológica se cuestiona, parece buscar notoriedad pública en lugar de aplicar sentencias fundadas. La medida podría sentar un precedente peligroso, permitiendo que jueces de otras jurisdicciones cuestionen la legalidad de leyes, lo que generaría un conflicto de intereses.
Se espera que este fallo sea apelado por el fiscal, y se confía en que la Cámara de Apelaciones revierta la decisión, poniendo las cosas en su lugar. Se critica la influencia política en decisiones judiciales, recordando que "cuando la política entra por la puerta del Palacio de los Tribunales, la justicia sale huyendo por la ventana".