Una jueza de Lomas de Zamora suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, argumentando que no existen condiciones adecuadas para alojar a los adolescentes infractores. La jueza Pascual aclaró que no cuestiona la baja de la edad de imputabilidad (de 16 a 14 años) decidida por el Congreso, sino la falta de un plan integral para la resocialización de los menores.
Se critica la reacción de algunos políticos, como Patricia Bullrich y Diego Santilli, que culparon al gobernador por la decisión judicial, ignorando la división de poderes. Se señala que la jueza no se opone a la baja de la punibilidad, sino que exige que se explique dónde y en qué condiciones se alojará a los jóvenes, advirtiendo que enviarlos a prisión sin educación ni contención podría generar delincuentes más peligrosos.
Se debate si la medida busca solucionar un problema real o es demagogia punitiva. Se recuerda que la incidencia de menores en delitos graves en Argentina es mínima (4%), y que la falta de abordaje integral del tema puede generar más problemas que soluciones. Se menciona que la jueza actuó mediante un habeas corpus.
Se compara la situación con otros países y se cuestiona la falta de atención a la resocialización de los reclusos, citando ejemplos como el de Robledo Puch y otros condenados que salieron en libertad sin haber sido resocializados.