Se cuestiona la decisión de la jueza de suspender la ley de imputabilidad, argumentando que va en contra de la demanda social por mayor seguridad. La sociedad reclama que los delincuentes, incluidos los menores de 14 a 16 años, sean incluidos en la ley.
Se plantea que la suspensión de la jueza podría ser justificada si se garantiza un abordaje serio y efectivo de la problemática. Sin embargo, se advierte que la medida, tal como está planteada, podría ser contraproducente y no satisfacer las expectativas de la sociedad en materia de seguridad.