La jueza María Laura Pascual congeló la aplicación de la ley de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires, calificando de "pésimo" el encierro de menores de 14 años.
La magistrada argumentó que la ley no garantiza seguridad y que su enfoque se basa en la justicia restaurativa. Sin embargo, fue denunciada penalmente por abuso de autoridad y usurpación de funciones por Fernando Soto, de Usina de Justicia.
La decisión de la jueza podría generar un conflicto político entre el gobierno provincial y el nacional, ya que la provincia podría no apelar la suspensión, utilizando la situación para diferenciarse de la ley impulsada por el gobierno nacional.