La jueza Pascual de la Provincia de Buenos Aires frenó por 60 días la ley de baja de la edad de imputabilidad, argumentando que no existen las condiciones para garantizar la privación de libertad de los menores en centros específicos.
La jueza advierte que la cárcel común para menores podría convertirse en una "escuela del delito", incrementando la inseguridad y dificultando su reinserción social. La medida busca evitar que los menores infractores terminen presos junto a delincuentes comunes.