La jueza Marta Elba Pascual frenó el nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, a solo 48 horas de su implementación. La medida cautelar suspende la baja de la imputabilidad, generando controversia sobre las condiciones de detención de menores y la seguridad pública.
El argumento de la jueza se centra en que el hacinamiento en los centros de detención no solo no resocializa, sino que incrementa la violencia. Se cuestiona si liberar a los menores es la solución ante las deficiencias del sistema penitenciario.