Se argumenta que la jueza Pascual podría enfrentar juicio político por mal desempeño, al suspender la aplicación de una ley y arrogarse facultades legislativas. Se sugiere que el kirchnerismo y el peronismo bonaerense la protegerán, considerándola parte de la "casta política".
Se menciona que la jueza fue premiada por el intendente Cascallares, lo que refuerza la idea de su pertenencia a un sistema político establecido. El ministro de seguridad de la provincia, Javier Alonso, es criticado por su gestión y por responder a chicanas políticas en lugar de ocuparse de la inseguridad.