La jueza Pascual solicita la suspensión del nuevo régimen penal juvenil, argumentando que los menores se volverían más violentos en la cárcel, lo cual sería perjudicial para el futuro de la sociedad.
Esta postura de la jueza se contrapone a la ley aprobada hace seis meses, que busca modernizar el sistema penal juvenil y garantizar el debido proceso para los menores en conflicto con la ley. La provincia de Buenos Aires ya aplica penas a menores de 16 años, con alrededor de 100 menores privados de libertad.
Se cuestiona la decisión de la jueza Pascual, ya que la ley prevé alojamientos adecuados y no cárceles, y se argumenta que suspender su implementación después de años de debate es problemático. La discusión se centra en si la jueza está actuando de manera garantista o abolicionista, y si su pedido se basa en fundamentos sólidos o en una interpretación ideológica.