La jueza basó su decisión de suspender la ley penal juvenil en el caso de un centro socioeducativo en Lomas de Zamora, estableciendo un límite de 60 adolescentes.
Se cuestiona si la jueza realizó un relevamiento exhaustivo de la situación en toda la provincia o si se basó únicamente en un caso testigo.
Se reconoce la falta de infraestructura y recursos como un problema real.