A partir de este fin de semana, la edad de imputabilidad para menores en Argentina se redujo de 16 a 14 años, aplicando a nivel nacional. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, una jueza interpuso una suspensión de 60 días a la aplicación de esta ley, a raíz de una acción de amparo presentada por una institución.
El principal cuestionamiento se centra en la falta de recursos e infraestructura adecuada para alojar a los menores de 14 y 16 años que ahora son punibles. La ley prohíbe expresamente la mezcla de estos menores con presos adultos, y la jueza argumenta que no existen las condiciones necesarias para cumplir con esta disposición.
La suspensión temporal busca dar tiempo para adecuar los recursos y la infraestructura, garantizando que los menores no sean alojados en condiciones inadecuadas. La medida, que solo rige en la provincia de Buenos Aires, se debe a la falta de lugares apropiados y a la necesidad de separar a los jóvenes de los presos mayores.