La jueza Marta Pascual ordenó la suspensión por 60 días de la ley de baja de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires.
La magistrada argumentó que no se deben "romantizar" a los jóvenes que portan armas y cuestionó la aplicación de la ley, sugiriendo que no traerá mayor seguridad y que se deben mejorar las condiciones edilicias y educativas para los menores infractores.