Se analiza la suspensión de la ley de baja de imputabilidad en la Provincia de Buenos Aires, argumentando que la jueza Marta Pascual respondió a un habeas corpus presentado por una federación vinculada a la iglesia. Se sugiere que esta acción busca impedir la implementación de la ley.
Se critica que la jueza no se opone a la ley en sí, sino que responde a un recurso legal, y que la provincia sabía que no la aplicaría, como lo demuestra la compra de esposas y candados por parte de la Dirección de Niñez y Adolescencia.