La jueza Marta Pascual de Lomas de Zamora suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en su jurisdicción, argumentando posibles violaciones a los derechos de los menores infractores y la falta de infraestructura adecuada en la provincia de Buenos Aires.
La magistrada considera que la ley, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, podría agravar el colapso del sistema penitenciario juvenil y generar hacinamiento. Pascual ha sido criticada por su postura "garantista", a la que sus detractores acusan de priorizar a los delincuentes sobre las víctimas.
En contraposición, la jueza de ejecución penal Julia Márquez cuestionó el fallo de Pascual, señalando que se basa en un prejuicio y que no se solicitaron informes previos a los organismos pertinentes. Márquez enfatizó que la ley busca reducir la reincidencia y que la suspensión de la misma perjudica a la sociedad y a las potenciales víctimas.
El debate se extiende a la responsabilidad del gobierno provincial y nacional en la falta de infraestructura y recursos, con acusaciones cruzadas entre el gobernador Kicillof y el presidente Milei respecto a la situación de inseguridad en la provincia.