La jueza Marta Pascual admitió públicamente estar a favor de bajar la imputabilidad, pero su decisión de suspender la ley mediante un amparo colectivo genera controversia. Este amparo suspende la aplicación de la ley por 60 días en la provincia de Buenos Aires.
La situación genera un escenario confuso, con la ley vigente en Lomas de Zamora y no aplicable en otros departamentos judiciales. Se cuestiona la validez y el impacto de esta medida temporal en la seguridad y la justicia.