Una jueza de la provincia de Buenos Aires decidió suspender por 60 días la aplicación de una nueva ley de minoridad. La magistrada Marta Pascual argumentó que no se cumplen las condiciones necesarias para su implementación, principalmente la falta de lugares adecuados para alojar a los menores separados de los adultos.
Esta medida, impulsada por el gobierno de Javier Milei y con Patricia Bullrich como una de sus principales promotoras, generó repercusión inmediata. Se apunta directamente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien aún no ha emitido declaraciones públicas al respecto, aunque sí lo han hecho algunos de sus funcionarios.
La discusión de fondo radica en la disputa de recursos entre la Nación y la Provincia en materia de seguridad. Mientras la Provincia alega no tener fondos suficientes para combatir la inseguridad y pide asistencia nacional, el gobierno nacional sostiene que la inseguridad es una cuestión ideológica y que las provincias deben proveer los recursos necesarios.
La jueza Pascual, a través de un recurso de amparo presentado por entidades que alojan a menores en situación de vulnerabilidad, determinó que la protección del interés superior del niño debe prevalecer, incluso si este ha delinquido. La ley, que ya cuenta con presupuesto y está reglamentada, enfrenta ahora este obstáculo judicial en Buenos Aires.