Se critica la decisión de una jueza de suspender por 60 días la aplicación de la nueva ley penal juvenil en toda la provincia de Buenos Aires.
Se cuestiona la arbitrariedad de la medida cautelar y se argumenta que va en contra de lo decidido por el Congreso.
Se menciona que la jueza Pascual, conocida por años, emitió esta resolución basada en un pedido del padre Pepe y una federación cristiana.