La jueza Marta Elba Pascual suspendió la aplicación de la nueva ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires por 60 días, argumentando la falta de condiciones de implementación adecuadas. La decisión se basó en un habeas corpus relacionado con las condiciones del centro de detención de menores en Lomas de Zamora.
La medida generó controversia, con un fiscal de San Isidro opinando que la jueza solo podía suspender la ley para casos concretos y no en toda la jurisdicción. Sin embargo, la jueza considera que la situación amerita una suspensión general.
La discusión se centra en la aplicabilidad de la ley y la falta de recursos para su implementación. La ley prevé 23 mil millones de pesos, pero se cuestiona si estos fondos serán suficientes y si se distribuirán adecuadamente entre la Defensoría General de la Nación y el Ministerio de Justicia.
Se advierte que la ley, considerada rudimentaria y burda, podría generar un colapso en los dispositivos de encierro. Si bien la primera respuesta punitiva no implicaría el encierro de menores, la reincidencia sí podría llevar a esa situación, saturando el sistema judicial.