La jueza Marta Elba Pascual suspendió la aplicación de la ley penal juvenil en toda la provincia de Buenos Aires, argumentando la falta de condiciones y lugares adecuados para alojar a los menores infractores.
La medida cautelar de 60 días busca que el gobierno provincial informe sobre la disponibilidad de espacios, generando un debate sobre la efectividad y el alcance de la decisión judicial frente a la normativa vigente.