La jueza Marta Pascual suspendió la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, argumentando la falta de condiciones para su aplicación y la necesidad de recursos adecuados.
Pascual señaló que la provincia no ha realizado las adecuaciones necesarias para implementar la ley, como la creación de institutos de menores y módulos penitenciarios especializados.
La jueza afirmó que la suspensión busca evitar la vulneración de derechos y garantizar que la ley se aplique en condiciones óptimas, aunque esto implique un debate sobre las facultades judiciales y legislativas.