La jueza Marta Elba Pascual suspendió la aplicación de la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires por 60 días, generando un fuerte debate político y judicial.
La medida, que busca dar respuesta a la problemática de los menores infractores, ha sido criticada por funcionarios como Jorge Macri y Santilli, quienes la consideran un obstáculo para la seguridad.
La suspensión de la ley ha abierto una controversia sobre la aplicabilidad de la normativa y la responsabilidad de los distintos poderes del Estado en la implementación de políticas de seguridad.