La jueza Marta Pascual, en su fallo, asume la responsabilidad de suspender la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires debido a las deficientes condiciones de detención de los adolescentes.
La magistrada argumenta que no puede agravar las condiciones de encierro, ya que estas no cumplen con los mínimos requisitos, y que esto podría generar más violencia futura para la sociedad. La jueza enfatiza que su decisión no ataca el corazón de la ley, sino que suspende su aplicación hasta que el poder ejecutivo provincial garantice las condiciones necesarias.