La jueza Marta Pascual suspendió la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, argumentando que las condiciones para su aplicación no estaban dadas y que esto podría generar vulneraciones de derechos.
Pascual señaló que la falta de infraestructura y recursos adecuados, como lugares de alojamiento y equipos interdisciplinarios, impiden la correcta implementación de la ley.
La jueza afirmó que no se puede cercenar una ley votada por el Congreso por falta de preparación, pero que tampoco se puede obligar a los jueces a aplicar una ley en condiciones que no garantizan los derechos de los involucrados.