La jueza Marta Pascual suspendió la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, argumentando que las condiciones para su aplicación no estaban dadas y que esto podría generar vulneraciones de derechos.
Pascual señaló que la falta de infraestructura y recursos adecuados, como lugares de alojamiento y equipos interdisciplinarios, impiden la correcta implementación de la ley.
Se destaca la trayectoria de la jueza, quien desde hace años denuncia las deficiencias en los lugares donde los menores son privados de libertad, lo que sugiere que su decisión no es improvisada.