La jueza Marta Elba Pascual solicitó la suspensión de la aplicación de la nueva ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires por 60 días, argumentando que el sistema penitenciario no está preparado para albergar a jóvenes de 14 y 15 años que pasarían a ser punibles.
La decisión de la jueza, basada en un avias corpus presentado por la federación religiosa Familia Grande Hogar de Cristo, busca evitar la saturación de centros de detención y garantizar condiciones adecuadas para los menores.
La resolución ha generado controversia, con pedidos de juicio político contra la jueza por parte de La Libertad Avanza, argumentando intromisión en funciones legislativas. La jueza, por su parte, aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad, sino con la falta de infraestructura para aplicarla.