La jueza María Inés Pascual suspendió preventivamente la ley penal juvenil tras un habeas corpus presentado por la organización del padre Pepe Di Paola, lo que generó controversia y diversas reacciones legales.
El fiscal Zárate se opuso a la suspensión, afirmando que aplicará la ley penal juvenil por considerarla vigente. Por otro lado, el Dr. Fernando Soto, de Usina para la Justicia, presentó un pedido para ser amicus curiae en la audiencia del 16 de septiembre y una denuncia penal contra la jueza Pascual por abuso de autoridad y usurpación de funciones.
Soto argumenta que la jueza no puede arrogarse competencias del poder legislativo ni suspender una ley completa, sino que debería haber declarado la inconstitucionalidad de artículos específicos.