Se debate la legitimidad de la ley de imputabilidad, aprobada por el Congreso con apoyo de diversas fuerzas políticas. Se menciona que la izquierda y el kirchnerismo se opusieron, manteniendo una visión político-ideológica que se alinea con la "doctrina Zaffaroni".
Se argumenta que la ley responde a una demanda social por seguridad, especialmente en la provincia de Buenos Aires. La suspensión dictada por la jueza se considera un obstáculo para satisfacer esta demanda, independientemente de las justificaciones estructurales.