Se debatió la dualidad de la ley de imputabilidad: por un lado, la necesidad de reeducar a los menores infractores y, por otro, la urgencia de proteger a la sociedad. Se mencionó el caso de Kim, una niña víctima de un crimen, y el del abuelo de Aguinaco, para ilustrar la perspectiva de las víctimas y la demanda social de que los delincuentes no estén en libertad.
Se argumentó que, si bien la reeducación es un fin último, la sociedad demanda resguardo inmediato ante delitos graves cometidos por menores. La ley, al contemplar la privación de libertad, busca equilibrar ambos aspectos: la reinserción del menor y la protección ciudadana. La discusión se centró en si la ley actual logra este equilibrio o si es necesario un endurecimiento de las penas.