Se analiza la situación de la ley de baja de imputabilidad en la Provincia de Buenos Aires tras la suspensión dictada por una jueza de Lomas de Zamora.
Se explica que la medida cautelar de la jueza Pascual suspende la aplicación de la ley por 60 días, pero la ley en sí sigue vigente. Se critica la decisión de la jueza por considerarla ideológica y por no abordar adecuadamente la cuestión de la infraestructura necesaria para alojar a los menores.
Se enfatiza que la responsabilidad de adecuar las instituciones recae en la Provincia de Buenos Aires. La discusión se centra en si los menores deben estar encarcelados y, de ser así, en qué condiciones.
Se concluye que la ley está vigente y que los dirigentes políticos deben coordinar y dialogar en lugar de enfrentarse públicamente, respetando las decisiones tomadas.