Se explica que una ley, originalmente proyectada por Eduardo Mene (padre del actual presidente de la Cámara de Diputados) y retomada por Pino Solanas y Cristina Kirchner en 2011, busca sancionar a empresas que realicen negocios con el gobierno de las Islas Malvinas. El gobierno de Javier Milei planea enviar esta ley, o una versión actualizada, al Congreso.
La aplicación de esta ley podría disuadir a las empresas de servicios petroleros de operar en Malvinas, especialmente ante la existencia de oportunidades más atractivas como Vaca Muerta en Argentina.