Se cuestiona la decisión de la provincia de Buenos Aires de no aplicar la ley penal juvenil, argumentando que la ley es obligatoria en todo el país y no requiere adhesión provincial. Se señala que otras provincias como Mendoza y Salta ya la están aplicando sin solicitar fondos adicionales a la Nación.
Se menciona que el 70% de los delitos en Argentina se cometen en la provincia de Buenos Aires y que la jueza Marta Pascual podría haber declarado la inconstitucionalidad de la ley en lugar de suspenderla mediante un habeas corpus.
Se sugiere que existe un trasfondo político en la defensa de la ley, en relación con el voto de los presos y la influencia del kirchnerismo en las cárceles.