El gobierno argentino ha denunciado a cinco empresas que operan en las Islas Malvinas, impidiéndoles participar en proyectos de Vaca Muerta. La decisión, comunicada por la Procuración General del Tesoro, el Ministerio de Justicia y la Cancillería, busca ampliar la lista de empresas demandadas penalmente.
Este giro estratégico del gobierno profundiza la tensión en la disputa por las Malvinas, pasando de un enfoque económico a uno militar. La medida se da en un contexto de creciente reclamo argentino sobre la soberanía de las islas.
Adicionalmente, dos ministros de Israel expresaron su apoyo al reclamo argentino sobre las Malvinas, solicitando al gobierno de su país que respalde la postura de Argentina en foros internacionales.