Entró en vigencia el nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Esta ley, aprobada hace más de 180 días, busca adaptar el sistema a la realidad de los menores que delinquen.
Sin embargo, se plantean interrogantes sobre la preparación del sistema judicial y la infraestructura necesaria para albergar a los jóvenes imputados. La ley prevé que los menores de 14 años, aunque inimputables, queden bajo tutela judicial, pero no se ha formado al personal ni se han construido los edificios adecuados.
Se discute la efectividad de la medida ante la delincuencia temprana y la falta de estructuras de contención. La ley establece penas máximas de 15 años para delitos graves, pero el sistema no está preparado para diferenciar entre adultos y menores en centros de detención.