Entró en vigencia el nuevo régimen penal juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Esta medida busca abordar la problemática de los menores que delinquen y son conscientes de su inimputabilidad.
Sin embargo, el sistema judicial y de infraestructura no está preparado para la implementación de esta ley. No existen las cárceles especiales para albergar a los menores de 14 años, quienes seguirán siendo inimputables pero bajo supervisión judicial. La falta de formación de fiscales, jueces y personal especializado, así como la ausencia de edificios adecuados, dificultan la aplicación efectiva de la normativa.
Se plantea la necesidad de debatir sobre la prevención, la estructura de contención y la formación de los operadores judiciales. La ley, aunque interesante en su letra, choca con la realidad institucional y de infraestructura del país, generando incertidumbre sobre su aplicación y sus verdaderos resultados en la reducción del delito juvenil.