Se discute la posibilidad de un juicio político contra la jueza Marta Pascual por suspender la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires.
El ministro Santilli califica la suspensión como una "barbaridad" y un retroceso, argumentando que la ley penal juvenil se debatió durante décadas y que no se puede volver atrás, especialmente considerando las víctimas de delitos cometidos por menores.
Por su parte, se defiende la decisión de la jueza, señalando que su fallo es legal y no contradice ninguna norma. Se critica el intento de juicio político como una medida autoritaria, especialmente viniendo de funcionarios nacionales, y se sugiere que la jueza actuó correctamente al suspender la aplicación de la ley ante la falta de condiciones adecuadas.