Se planteó la posibilidad de un juicio político contra la jueza Pascual, a quien se acusa de favorecer a delincuentes y de tener una postura aberrante ante la ley.
Se mencionó que la jueza corrige exámenes para concursos de jueces, lo que genera dudas sobre la imparcialidad del Consejo de la Magistratura. Se criticó la lentitud del sistema judicial para remover a jueces que actúan de forma irregular.
Se destacó la importancia de la denuncia penal y la presentación como querellantes para intentar avanzar contra la jueza, aunque se reconoció la dificultad de remover a un juez en la provincia de Buenos Aires.