Se plantea la posibilidad de un conflicto de interés por parte de la jueza que suspendió la ley penal juvenil, debido a la posible participación de su entorno en comunidades que albergan personas judicializadas.
Se sugiere que, de confirmarse un conflicto de interés, la jueza debería haberse excusado de intervenir en el caso.
La argumentación de la jueza se basa en la falta de infraestructura, pero se indaga si existen otros motivos subyacentes.