Los panelistas debaten sobre la suspensión de la ley de baja de imputabilidad, atribuyendo la decisión a una cuestión ideológica. Se argumenta que esta postura beneficia a los delincuentes y que la sociedad reclama medidas más estrictas.
Se menciona que al gobierno de Milei le sirve políticamente discutir estos temas, pero no necesariamente a la sociedad. Se critica la falta de infraestructura y la necesidad de recuperar vínculos, pero se cuestiona la viabilidad de esto en familias desestructuradas. Se sugiere que la ley es una demanda social y que los narcos utilizan a los jóvenes.