Se reabre el debate sobre el régimen penal juvenil tras la suspensión del mismo en la Provincia de Buenos Aires. La jueza Pascual argumenta la falta de recursos y la inexistencia de lugares adecuados para alojar a los menores infractores.
Se discute la necesidad de construir escuelas e institutos de menores, y la problemática de que la ley solo previó presupuesto para Nación, dejando desamparadas a otras jurisdicciones.
Se enfatiza la importancia de realizar denuncias para que los delitos queden registrados estadísticamente, y se mencionan casos de dificultades para hacerlo, como la falta de sistema o la opción de denuncia online.