Se analiza la suspensión del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, destacando que el PRO ya había advertido sobre la falta de fondos para su implementación.
La jueza Marta Pascual, al suspender la aplicación de la ley, busca que el poder ejecutivo provincial garantice las condiciones necesarias, como la infraestructura adecuada para albergar a los menores, y no solo que se aplique la ley sin los recursos correspondientes.
Se argumenta que la ley, sin los fondos necesarios, queda vacía y sin sentido. La jueza, al suspenderla, estaría dando un plazo de 60 días para buscar una solución integral al problema.