Se discute la prohibición del uso de celulares en cárceles para prevenir la planificación y comisión de delitos, y la necesidad de instalar inhibidores de señal.
Se critica la resistencia de la provincia de Buenos Aires a implementar estas medidas, sugiriendo que podría deberse a intereses políticos relacionados con el voto de los presos.
Se enfatiza que la legislación penal es de fondo y debe ser cumplida en todo el país, y que la provincia de Buenos Aires no puede eludir su aplicación.