Se debate si una jueza tiene la potestad de frenar una ley aprobada por el Congreso. Se explica que el poder judicial puede hacerlo a través de un recurso de amparo, y que la jueza Marta Pascual actuó dentro de ese marco legal.
Se argumenta que la jueza Pascual no se opone a la baja de la edad de imputabilidad, sino que cuestiona la falta de recursos y lugares adecuados para implementar la ley de manera efectiva. Se subraya que su rol es aplicar la ley y señalar las falencias en su instrumentación.