El gobierno de Javier Milei ha optado por el silencio ante la problemática de los endeudados, a pesar de las demandas de protección y empatía. Patricia Bullrich, quien solía plantear estas inquietudes, parece haber sido marginada o silenciada en las reuniones de gabinete.
Se critica la falta de medidas concretas para ayudar a los deudores, y se menciona que incluso la idea de implementar un "etiquetado frontal" para las tasas de interés de los créditos fue descartada por el gobierno. La política oficial parece ser la de no intervención, dejando a los ciudadanos a su suerte.
Se compara la situación actual con la atención que se le dio a la cuestión Malvinas, sugiriendo que el gobierno prioriza temas que le resultan más convenientes políticamente, mientras ignora la crisis de los endeudados. La falta de acción del gobierno es vista como una clara señal de desinterés hacia este sector de la población.