El debate sobre la inseguridad y la justicia se intensificó tras la suspensión de la ley de baja de imputabilidad. Jorge, un vecino de San Alberto, expresó su frustración ante la situación, sintiendo que "se nos ríen en la cara".
La ley, que buscaba endurecer las penas para menores infractores, fue suspendida por 60 días, generando indignación en la comunidad. Jorge criticó la inacción de la justicia y la falta de aplicación de las leyes existentes, a pesar de los esfuerzos de los ciudadanos por presionar para obtener resultados.
La situación se agrava al considerar que muchos de los delincuentes son menores de edad, lo que plantea un complejo debate sobre la responsabilidad penal juvenil y la protección de los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los infractores.