Guillermo Montenegro, en su pedido de juicio político contra la jueza Marta Pascual, señala que la magistrada emitió un fallo sin presentar datos oficiales, estadísticas o pruebas concretas que demuestren el supuesto peligro para suspender una ley. Se cuestiona la falta de sustento fáctico de sus decisiones.
Se critica que Pascual suspenda la aplicación de una ley en toda la provincia de Buenos Aires basándose en su opinión personal ("no me gusta") y sin evidencia que lo justifique. Se argumenta que, de existir un peligro, debería haberse limitado a un ámbito geográfico menor.