La suspensión de la ley penal juvenil por parte de la jueza Marta Elba Pascual ha reavivado el debate sobre el garantismo y la inseguridad. Sectores del gobierno y organizaciones como "Usina de Justicia" critican duramente a la jueza, considerándola parte de una "casta judicial" que favorece la impunidad.
Sebastián Pareja también expresó su desacuerdo con la medida. La jueza Pascual, por su parte, argumenta que la suspensión se debe a la falta de condiciones adecuadas para alojar a los menores infractores, pero se le cuestiona no haber emplazado previamente al Poder Ejecutivo provincial para que cumpla con la ley.